La Secretaría de Gobernación informó que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza una visita de trabajo a México para supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas en favor de 22 comunidades tsotsiles identificadas en los municipios de Chenalhó y Aldama, Chiapas.
El subsecretario dijo que México mantiene el compromiso para cumplir las medidas cautelares e informó sobre los avances en los trabajos en materia agraria, de seguridad social y de vivienda en la zona.
La delegación está integrada por la comisionada y relatora para México, y Pueblos Indígenas, Esmeralda Arosemena de Troitiño, la secretaria ejecutiva Tania Reneaum Panszi, y dos especialistas de la sección de medidas cautelares y provisionales de esa comisión, quienes supervisarán la Resolución 102/2021 de la CIDH sobre la adopción de medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de las personas beneficiarias de las medidas cautelares MC-882-17 y MC-284-18, por cuestiones de seguridad y desplazamiento.
En el inicio de los trabajos de esta visita, la comisionada Arosemena de Troitiño y la secretaria ejecutiva Reneaum Panszi sostuvieron una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, y autoridades federales y estatales.
Por su parte, el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cristopher Ballinas Valdés, afirmó que los trabajos se llevan a cabo con una amplia apertura y colaboración; destacó que la visita será una oportunidad para escuchar la voz del órgano internacional.
Durante la visita al país, se realizarán recorridos en las comunidades tsotsiles, reuniones con personas beneficiarias de las medidas cautelares y sus representantes, así como autoridades estatales y federales.
Desde 2017, representantes del gobierno de México han mantenido reuniones con las personas beneficiarias y sus representantes, con el fin de asegurar tanto acciones de seguridad como mejoramiento de vivienda para un reasentamiento digno, según la versión del gobierno federal.
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