Desde 2021, la violencia en Chiapas se ha intensificado debido a la disputa entre grupos criminales por el control del tráfico de armas, drogas y trata de personas. Esta situación ha afectado gravemente a comunidades indígenas, donde niñas, niños y jóvenes enfrentan bloqueos que limitan su movilidad, mientras que muchas familias no pueden cosechar sus tierras.
Ante la crisis, el 8 de enero de 2025, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, presentaron junto al gobernador Eduardo Ramírez la estrategia “Construcción de Paz en Chiapas” en un acto con rituales tsotsiles en la plaza de la Catedral de San Cristóbal de Las Casas. Sin embargo, la estrategia ha sido duramente criticada, ya que los operativos policiacos han derivado en la detención de jóvenes de entre 13 y 17 años, lo que, lejos de disminuir la violencia, ha agravado la situación.
Operativos de “paz” que afectan a la niñez
Desde el 8 de diciembre de 2024, el gobierno de Chiapas ha implementado operativos como parte de su estrategia de paz. No obstante, estos han sido señalados por sus impactos negativos en la niñez y adolescencia de la región.
“La noche del pasado sábado 1 de febrero se realizó un operativo policiaco en el primer cuadro de la ciudad y andadores. Estas acciones son nombradas por integrantes de Servicios Públicos del Ayuntamiento Municipal como ‘reducciones del ambulantaje para la recuperación de espacios públicos’”, indicó en un comunicado la organización Melel Xojobal el 14 de febrero.
De acuerdo con registros de la misma organización, en 2024 se reportaron 482 desapariciones de menores de edad, mientras que en los primeros 45 días de 2025 ya suman 37 casos de desaparición, además de 9 feminicidios y 36 homicidios.
“Hemos documentado casos de detenciones arbitrarias y asesinatos de niñeces y adolescencias. Las niñas y niños que están siendo utilizados y reclutados en las economías ilegales son víctimas de un sistema que ha perpetuado su vulneración de derechos. No son criminales, narco niños o menores infractores. Son niñas y niños que la corrupción y el crimen organizado han utilizado para sus propios intereses”, denunció Melel Xojobal en conferencia de prensa el 17 de febrero.
Discriminación y restricciones laborales
Melel Xojobal también denunció el incremento de hostigamiento e intimidación hacia familias trabajadoras en el centro de San Cristóbal de Las Casas desde octubre de 2024. Según la organización, esto se ha justificado bajo el argumento de mejorar la imagen urbana, pero en realidad ha sido acompañado por discriminación por parte de servidores públicos, quienes afirman que “los niños y niñas trabajadores indígenas afean el centro y los andadores”.
La organización también alertó sobre las restricciones estatales al trabajo infantil, una actividad de la que dependen muchas familias en la región. Niñas y niños que ayudan a sus padres a vender artesanías contribuyen al sustento familiar, y su criminalización los coloca en mayor vulnerabilidad.
“Se reducen las oportunidades para niñas, niños y adolescentes, violentando sus derechos y criminalizando su capacidad para generar fuentes de ingreso dignas. Se sigue orillando a la población a un desplazamiento masivo hacia otras regiones y países”, señalaron.
Melel Xojobal hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales a reconocer la realidad de la niñez trabajadora y abordar la problemática con políticas públicas que no los criminalicen. Además, exigió que se refuercen las capacitaciones en derechos humanos para servidores públicos ante la creciente violencia y amenazas del narcotráfico en la región.
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