El ex presidente municipal de Aldama, Alonso “N”, fue liberado junto con tres personas más después de haber sido retenido por 12 días en la comunidad de Chayomté. Los detenidos fueron entregados a las autoridades estatales en las instalaciones de la Fiscalía de Justicia Indígena, tras intensas negociaciones que concluyeron con su liberación.
Los hechos
El secuestro ocurrió el 26 de septiembre cuando Alonso “N” y sus acompañantes fueron interceptados en San Cristóbal de las Casas por habitantes de Chayomté, quienes reclamaban el incumplimiento de obras públicas prometidas en la comunidad. Los captores exigían la entrega de un millón y medio de pesos como condición para su liberación.
Durante su retención, circuló un video en redes sociales donde se mostraba al ex alcalde vestido de mujer y atado a un poste en una cancha de usos múltiples, en lo que se interpretó como una medida de humillación pública.
Negociaciones y liberación
El pasado martes, la Fiscalía de Chiapas confirmó la liberación de los retenidos tras el pago de un millón 321 mil pesos a representantes de las comunidades de Juxtón y Chayomté. La liberación fue parte de un acuerdo negociado entre las autoridades y los líderes comunitarios, que permitió poner fin al conflicto sin que este escalara.
Tras su liberación, Alonso “N” y las otras tres personas fueron sometidas a valoraciones médicas, que indicaron que se encontraban en condiciones estables de salud.
Causas del conflicto
El origen de la retención se debió a la supuesta falta de cumplimiento de proyectos de obra pública en la región, lo que generó descontento entre los pobladores de Chayomté y Juxtón. La comunidad reclamaba que los recursos destinados para estas obras no fueron distribuidos adecuadamente, lo que los llevó a tomar medidas drásticas contra el alcalde saliente.
Contexto y reacción de las autoridades
La retención de autoridades por comunidades no es un fenómeno nuevo en Chiapas, especialmente en zonas donde los usos y costumbres tienen gran influencia. Las autoridades estatales, mediante la Fiscalía General del Estado, intervinieron para negociar y evitar que el conflicto escalara.
El gobierno de Chiapas aseguró que seguirá monitoreando la situación para garantizar la paz en la región de los Altos y evitar futuros conflictos similares.
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