En Chiapas, un total de 56 funcionarios públicos del Gobierno del Estado han sido inhabilitados por incumplir con la presentación de su declaración patrimonial, informó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto.
La funcionaria detalló que entre las personas sancionadas se encuentran jefes de departamento y directores, además de que ya inició el monitoreo de evolución patrimonial de los servidores públicos estatales.
“Ya llevamos 14 o 15 meses de gobierno, desde el 8 de diciembre de 2024 a la fecha, y ya podemos dar monitoreo de la evolución patrimonial de los servidores públicos. Lo digo con claridad: la indicación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar es que no se quieren nuevos ricos en Chiapas”, declaró.
En entrevista realizada en el Congreso del Estado, donde sostuvo una reunión con el presidente de la Comisión de Vigilancia y Anticorrupción, Juan Oscar Trinidad Palomares, reiteró que el monitoreo patrimonial se aplicará a todos los servidores públicos del gabinete legal y ampliado, sin importar el nivel del cargo.
La exdiputada local y expresidenta municipal de Jiquipilas explicó que la inhabilitación de los 56 funcionarios se derivó del incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial 2025 y de posibles conflictos de interés.
ASE inicia proceso de investigación por imágenes de reunión con ayuntamiento municipal
Señaló que la declaración patrimonial representa el punto de partida para verificar que los ingresos y bienes de los servidores públicos correspondan con sus percepciones salariales.
Romero Basurto no precisó cifras sobre los salarios más bajos y más altos dentro del servicio público estatal; sin embargo, insistió en que todo patrimonio deberá estar sustentado conforme a los ingresos obtenidos legalmente.
“No puede haber un servidor público que haya ingresado con 100 pesos y que ahora tenga 50 mil. Estamos trabajando con Catastro y con el Registro Público de la Propiedad para verificar que ningún servidor del pueblo tenga un patrimonio inexplicable. A eso vamos este año”, sostuvo.
Asimismo, explicó que estas acciones comenzaron hace ocho días por instrucciones del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, quien desde el inicio de la administración ha insistido en fortalecer la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Añadió que algunos funcionarios argumentaron que no presentaron la declaración patrimonial porque “se les olvidó” o “se les pasó”, aunque recordó que el trámite se realiza de manera digital mediante una plataforma oficial.
Finalmente, puntualizó que en Chiapas existen alrededor de 107 mil servidores públicos obligados a cumplir con los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
“La gente inhabilitada no tendrá forma de evadir su responsabilidad por incumplir con la ley. El gobernador sabe en tiempo real la conducta de los servidores públicos y, de ser necesario, daremos vista a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía General de la República”, concluyó.
