El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó 24 mil 290 víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas entre enero de 2021 y octubre de 2025, y exigió a las autoridades una atención integral para las personas que continúan afectadas.
El pronunciamiento surge después de que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar afirmara que el problema de las comunidades desplazadas se ha resuelto en gran medida, debido a los operativos realizados contra grupos del crimen organizado.
El mandatario ha señalado que el combate contra el Cártel del Pacífico, el Cártel de Chiapas y Guatemala y el Cártel Jalisco Nueva Generación permitió recuperar territorios y facilitar el regreso de numerosas familias que habían abandonado sus comunidades por la violencia.
Sin embargo, Frayba sostiene que el desplazamiento forzado continúa y que existen comunidades que permanecen fuera de sus hogares o viven bajo condiciones de amenaza y presión criminal.
El organismo señaló que las víctimas registradas corresponden a municipios como Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Oxchuc, Las Margaritas, Huixtán, Chenalhó, Ocosingo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Bella Vista y Tila.
En la región de la Sierra Frontera, explicó el Frayba, muchas familias abandonaron sus comunidades para evitar enfrentamientos, amenazas y posibles reclutamientos forzados por parte de grupos armados que disputan el control territorial.
El Centro de Derechos Humanos también cuestionó que las autoridades reduzcan la problemática a cifras de retorno y pidió garantizar ayuda humanitaria, protección, reparación de daños y condiciones reales para un regreso seguro y digno.
Además, denunció que algunas personas desplazadas estarían siendo clasificadas como población vulnerable, en lugar de ser reconocidas formalmente como víctimas de desplazamiento forzado, lo que podría dificultar su acceso a medidas de protección y reparación.
Frayba pidió al gobierno estatal dejar de considerar superada la crisis y atender los casos que permanecen pendientes, mientras que la administración de Eduardo Ramírez sostiene que el combate a las organizaciones criminales ha permitido recuperar la seguridad y facilitar el retorno de las familias.
