Reynaldo Pérez Pérez, defensor tsotsil de derechos humanos de 38 años, fue asesinado a balazos en la comunidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó, Chiapas, pese a contar con medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre ellas un teléfono satelital y un botón de pánico.
De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales, el defensor recibió una llamada que lo citó en un taller mecánico a la orilla de la carretera. Acudió acompañado de su hijo de nueve años. Alrededor de las 15:30 horas del 28 de octubre, dos hombres que viajaban en motocicleta le dispararon; siete impactos lo alcanzaron en la cabeza y el pecho.
Pérez Pérez acompañaba a comunidades desplazadas, personas que denunciaban despojos y habitantes afectados por la violencia en la región. A finales de septiembre había organizado en Tuxtla Gutiérrez una protesta de personas desplazadas de Santa Martha, en Chenalhó, quienes fueron expulsadas de sus hogares durante una disputa territorial.
El defensor también brindaba acompañamiento legal a integrantes del grupo de autodefensas El Machete, surgido en Pantelhó en 2021. Su familia aseguró que había recibido amenazas y señalado presuntos actos de persecución. En junio de 2023 fue incorporado al mecanismo federal de protección, luego de ataques contra personas desplazadas de Santa Martha.
Tras el homicidio, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, aseguró que no habría impunidad. La familia exigió que se investigue el crimen y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum el envío de seguridad a Chenalhó, al advertir que los grupos armados continúan representando un riesgo para la población.
El caso ocurre en una región marcada por desplazamientos forzados, disputas territoriales y amenazas contra defensores comunitarios. Organismos internacionales ya habían advertido sobre los riesgos que enfrentaban Pérez Pérez y otro defensor tsotsil, así como sobre la insuficiencia de las medidas de protección.
