En un contexto en el que cientos de familias de Chiapas han tenido que huir a Guatemala para refugiarse de la violencia perpetrada por grupos del crimen organizado, representantes de las parroquias de Pantelhó y Chenalhó hicieron un llamado urgente para cesar las hostilidades.
Por medio de un comunicado publicado por la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, el consejo parroquial manifestó su preocupación por la “violencia sin control” a la que están expuestas las comunidades.
Los protagonistas de estas agresivas confrontaciones, acorde con reportes de autoridades mexicanas y guatemaltecas, son el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya presencia se ha visto manifestada en bloqueos carreteros y enfrentamientos que han cobrado la vida de civiles ajenos al conflicto.
En el pronunciamiento, los representantes religiosos reprocharon a quienes “se disputan la plaza para envenenar con drogas a jóvenes y niños, o para reclutarlos”, a quienes “planean desalojar de sus tierras a las comunidades que no se alían a sus maldades” y a los miembros del crimen organizado que “intimidan y obligan al pueblo a unirse para hacer el mal”.
De igual manera, el consejo parroquial externó su rechazo a las y los servidores públicos “que tejen redes de complicidad con el crimen organizado, diseñando estrategias de desplazamientos para luego ocupar sus tierras, saquear las casas y apropiárselas”.
A principios de 2024, un grupo de reciente surgimiento, autodenominadoCártel de Chiapas y Guatemala, hizo públicos numerosos videos en los que señalaba presuntos vínculos entre el Cártel de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) estatal.
Entre los funcionarios acusados de beneficiar a la organización delictiva, encabezada en Chiapas por Jesús Esteban Machado Meza, alias ‘Güero Pulseras’, están Gabriela Zepeda Soto (titular de la SSyPC), Francisco Javier Orantes Abadía (subsecretario de Seguridad Pública) y Roberto Jair Hernández Terán (comisario de la Policía Estatal Fronteriza).
En el comunicado de la Diócesis, los párrocos también expresaron su preocupación por “las mujeres que sufren porque les han arrebatado a sus hijos, quitándoles su libertad para convertirlos en asesinos” y por “los niños y las niñas que viven con miedo, sin entender por qué tienen que salir de sus casas a buscar refugio en la montaña”.
Frente a esta situación, los religiosos aseguraron que en el estado impera un ambiente de “ingobernabilidad” y reprobaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por “minimizar” esta violencia.
“Los criminales cada día se hacen más fuertes en presencia de los militares y la Guardia Nacional, o ¿están protegidos por ellos? […] En los encargados de nuestra seguridad, estatal y municipal, existe la sospecha de su complicidad con dichos criminales”, puede leerse en el texto.
Al final del llamado, los integrantes del consejo parroquial exigieron que se garantice el respeto de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las comunidades asediadas por los grupos del narco, así como la seguridad y la paz en ambos municipios y la atención a las necesidades de las familias desplazadas, con el objetivo de que puedan volver a sus hogares.
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