El gobernador del estado de Chiapas confirmó la captura de al menos 20 personas tras una serie de operativos en la región de la Selva Lacandona. Entre los detenidos se encuentra el subdirector de la Policía Estatal, así como varios indígenas de la comunidad Lacanjá Chansayab.
Las detenciones se dan en un contexto de creciente violencia en la zona, marcada por la presencia de grupos del crimen organizado. En septiembre de 2024, cuatro familias desplazadas denunciaron que sus propios compañeros de la etnia maya lacandón se habían sumado a un grupo criminal que opera en la región. Esta situación ya había sido reconocida por el gobierno federal.
El 20 de marzo de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció públicamente que en la Selva Lacandona, en la zona de Bonampak, existían pistas clandestinas utilizadas por los cárteles para el aterrizaje de avionetas con droga.
Crimen organizado en la Selva Lacandona
Desde 2019, los cárteles han aprovechado las condiciones geográficas de la Selva Lacandona para establecer escondites y rutas de tráfico de droga, según reportes de la periodista Ángeles Mariscal. Un campesino de origen tzeltal relató que en su comunidad, una pista de aterrizaje construida originalmente para emergencias comenzó a ser utilizada por grupos criminales a finales de 2019. Al principio, los pobladores creyeron que serviría para el traslado de medicinas, pero pronto se dieron cuenta de que era utilizada para el tráfico de armas y drogas.
“A quien se opuso lo amenazaron, lo golpearon; mataron a algunos y dejaron sus cuerpos despedazados”, relató el testigo anónimo. La violencia desatada obligó a decenas de personas a huir de sus comunidades.
El control del Cártel de Sinaloa en la zona
En marzo de 2024, varias familias del pueblo maya denunciaron en una asamblea en Lacanjá Chansayab que presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, vinculados a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, les advirtieron que tomarían posesión de sus parcelas, casas y propiedades.
Según un comunicado emitido por los habitantes de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, la organización criminal ha tomado el control de la selva con total impunidad, abriendo pistas clandestinas para el trasiego de cocaína, controlando el tráfico de personas, cobrando derecho de piso a comerciantes y prestadores de servicios turísticos, y ejecutando desalojos forzosos, desapariciones y feminicidios.
Las recientes detenciones reflejan un esfuerzo por parte de las autoridades para contener la violencia en la Selva Lacandona, aunque la presencia del crimen organizado sigue representando una amenaza para las comunidades indígenas y la seguridad en la región.
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