En lo que va de 2024, Chiapas registra 21 feminicidios, con municipios como San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Chico destacando por la gravedad de los casos. Pese a la alerta de género emitida en 2016, las cifras muestran un aumento en la violencia contra las mujeres. Organizaciones feministas acusan a las autoridades de clasificar muchos feminicidios como homicidios o accidentes, lo que perpetúa la impunidad.
Las familias de las víctimas enfrentan barreras constantes para obtener justicia. La Comisión de Seguimiento para la Atención de Feminicidios, que debería actuar como un ente fiscalizador, ha sido criticada por su ineficacia. Madres y familiares denuncian que las carpetas de investigación están mal integradas y que las condenas son mínimas o inexistentes.
Además, la desaparición de mujeres y niñas agrava la situación. Mientras las autoridades reportan 1,000 casos en 2024, colectivos como “Madres en Resistencia” afirman que las cifras reales superan los 3,000, señalando una grave omisión gubernamental. Ante esta crisis, colectivos piden reformas profundas y la participación activa de familiares en el seguimiento de los casos.
El problema no solo es judicial, sino también cultural. La falta de programas de prevención y educación sobre violencia de género en las comunidades indígenas es otra área crítica que debe abordarse de manera urgente para frenar esta escalada de feminicidios.
