Diferentes colectivas denunciaron la desigualdad en el trato y la falta de apoyo que enfrentan las mujeres privadas de la libertad en los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) de Chiapas. Actualmente, 365 mujeres están recluidas en los tres penales del estado, muchas de ellas con hijos pequeños que viven con ellas dentro de las cárceles. Además, señalaron que se les impide generar ingresos, profesar su religión y que algunas han sido olvidadas en prisión bajo el antiguo sistema penal.
Con esta campaña buscan que su condición mejore ya que hasta de ropa carecen, para ello piden a la ciudadanía, al Secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Alberto Aparicio Avendaño se sumen a la causa. Para ello requieren cosas de aseo personal excepto rastrillos, ropa de preferencia que no sea oscura, aunque aperturaron closets para poder vender la ropa no permitirá.
Según Ednita Montoya, integrante de la colectiva Sobrevivientes de Feminicidio en Grado de Tentativa, mencionó las diferencias de género dentro del sistema penitenciario son evidentes. “Existe una diferencia numérica considerable en la visita que reciben los hombres y en la visita que reciben las mujeres. El trato también es diferente al interior de los Cerezos”, explicó.
De las 365 mujeres privadas de la libertad, 210 están en el Cereso de Cintalapa, 88 en San Cristóbal y 67 en Tapachula. En Cintalapa, además, nueve niñas y seis niños viven con sus madres dentro del penal.
En 2024, desde la sociedad civil se lograron recaudar 12 mil artículos de apoyo para las mujeres en los ceresos de Cintalapa y San Cristóbal, pero no fue posible entregarlos en Tapachula debido a cambios en las leyes penitenciarias.
Para este 2025, organizaciones sociales planean realizar centros de acopio, carreras con causa, rifas y ventas solidarias para continuar apoyando a las mujeres en prisión. “Nuestra actividad la sostiene la sororidad y la unidad de mujeres”, destacó Montoya.
Actualmente, existen dos clósets solidarios, uno en Chiapa de Corzo y otro en Tuxtla Gutiérrez, donde se reciben donaciones para ayudar a estas mujeres. “Nuestra causa es sin fines de lucro y busca apoyar a las mujeres privadas de su libertad”, concluyó Montoya.
De acuerdo con Cherry, integrante de la colectiva 50+1, las mujeres privadas de su libertad enfrentan falta de atención médica y psicológica, lo que afecta su proceso de reinserción. “Hacer la separación de unas con otras, la psicología es muy importante para ellas. No hay médicas adentro, no hay psicólogas, sí carecen de muchas cosas. Nosotros esperamos que en este gobierno las condiciones de ellas cambien”, expresó.
Además, cuestionó la estigmatización que enfrentan las internas: “Yo sé que están pagando ahí por un delito que a lo mejor no cometieron, pero pues nosotras como organizaciones, como mujeres, no nos toca a nosotras juzgarlas. Lo único que nos toca es ayudarlas porque quieran o no, en este país en el que vivimos, en este país muchas veces impune con las mujeres, todas, absolutamente todas estamos expuestas algún día a estar ahí”.
Jasivi Gómez, de la fundación Unidas por la Sangre, quien lleva más de 12 años apoyando a mujeres privadas de la libertad, denunció la deficiencia en los alimentos y las condiciones de higiene dentro de los penales.
“A través del tiempo, ellas nos han hecho llegar sus quejas. Han sido los alimentos, que son de baja calidad, que carecen de higiene y que la ración es muy poca. Como ustedes bien saben, el hecho de que ellas estén privadas de su libertad no quiere decir que podamos vulnerar sus derechos humanos“, afirmó.
Además, explicó que “hay un grupo de mujeres que se dedica a la cocina, pero por sus alimentos no. La Corte Interamericana ha estipulado nuestros derechos y sus beneficios, ellas tienen derecho a la salud, el derecho de higiene, que los espacios sean limpios”.
Otro de los puntos que destacó fue que se les ha prohibido la introducción de material para elaborar manualidades, lo que les impide generar recursos dentro de la cárcel. “Según las nuevas reglas, dicen que no pueden generar recursos, entonces ¿cómo van a sobrevivir ahí adentro? Porque también si bien es cierto que ellas reciben un apoyo, eso no quiere decir que puedan sobrevivir con una buena calidad de vida“, explicó.
La activista también denunció que 20 mujeres siguen presas bajo el antiguo sistema penal sin respuesta alguna. “Van quedando, sus expedientes van quedando hasta abajo y han sido olvidadas. Para nosotras es muy importante hacer un llamado para que sean revisados”, enfatizó.
Asimismo, señaló que las mujeres tienen derecho a la visita conyugal y a convivir con sus hijos, pero estas visitas han sido restringidas. “Los hombres tienen ese derecho, pues también ellas lo tienen. También los niños que no viven ahí tienen el derecho y el beneficio de convivir con sus madres en feriados, en Navidad. Esta vez no lo hubo”, lamentó.
Otro punto que destacó fue que se les ha obligado a comprar sus propios uniformes, cuando este debería ser un derecho garantizado por el Estado. “Nosotras como organización, al menos yo les he conseguido pantalones y playeras del color del uniforme. Esto ha sido gracias a la sociedad civil, pero sabemos que también lo tiene que otorgar el Estado“, denunció.
Finalmente, criticó que se están imponiendo reglas federales dentro de un centro de reinserción estatal y que se les ha prohibido profesar su religión, afectando su derecho a la libertad de culto. “Sabemos que ahí adentro algunas son católicas, otras son cristianas, otras adventistas de Jehová, y creo que ellas tienen derecho también a no ser vulneradas en ese sentido”, expresó.
Por su parte, Mari Laura Núñez, integrante de otra colectiva, denunció la doble moral con la que se trata a las mujeres en prisión. “La inserción de mujeres es un compromiso social más allá de la doble moral. Yo cuando entro a solicitar ayuda para esas mujeres, me he encontrado con corazones fríos que dicen ‘por algo están ahí’. Pero yo les pregunto, ustedes que tienen hijos, cuando cometen un error, ¿los corrigen, cierto? Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con ellas?”, cuestionó.
Señaló que las mujeres no solo son encerradas físicamente, sino que enfrentan un juicio social permanente, lo que impide su reinserción. “No solo las encerramos en cuatro paredes, sino en un juicio permanente de la sociedad. La justicia debe ser un acto de humanidad”, afirmó.
Asimismo, criticó que se juzga de manera diferente a hombres y mujeres en prisión. “Un hombre tal vez nunca mata por amor, pero una mujer lo hace por amor a sus hijos, porque puede estar pasando hambre. ¿Es justo que la juzguemos? Cuando intenta salir de la reinserción, ya no es solo la mujer privada de la libertad, ahora es ‘la mala mujer’”, expresó.
Finalmente, enfatizó que sin trabajo, apoyo psicológico y herramientas para reintegrarse, las mujeres solo repiten patrones y enfrentan la reincidencia. “Si las aceptamos desde el amor y dejamos de juzgar, si les ponemos nombre y apellido, vamos a lograr la transformación. Yo quiero invitar al secretario de Seguridad y a todos a que nos unamos en solidaridad“, concluyó.
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