Miles de familias asentadas desde hace décadas en la zona del Cañón del Sumidero, entre Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, continúan a la espera de certeza jurídica sobre sus viviendas.
Los asentamientos se encuentran dentro del polígono del Área Natural Protegida y su regularización ha sido objeto de gestiones durante varios años. Actualmente, autoridades federales y estatales trabajan en una propuesta para desincorporar del área protegida las zonas que ya se encuentran ocupadas, con el propósito de regularizar los predios existentes y, al mismo tiempo, contener nuevas invasiones.
De acuerdo con información recabada por Buzos de la Noticia, el proyecto contempla desincorporar más de mil hectáreas que ya no cumplen con los objetivos originales de conservación del decreto. Posteriormente se plantea establecer un corredor biológico que contribuya a mantener la protección ambiental de la región.
El proceso requiere la modificación del decreto correspondiente y la publicación de un nuevo instrumento jurídico. Según legisladores involucrados en las gestiones, ya existe un estudio técnico justificativo y se han realizado consultas, por lo que estaría pendiente la revisión final y la publicación del decreto por parte del Gobierno federal.
Uno de los obstáculos señalados recientemente es un juicio de amparo relacionado con dos asentamientos de reciente creación, cuya inclusión dentro del proceso de regularización ha generado diferencias respecto de las zonas que originalmente serían consideradas.
Mientras se resuelve esta situación, el Gobierno de Chiapas también trabaja en la construcción de una barda perimetral para evitar que continúe el crecimiento de los asentamientos dentro del área protegida. De acuerdo con los datos citados en el reportaje, se contemplan recursos para concluir esta infraestructura.
Para las familias que llevan décadas viviendo en la zona, la regularización representa la posibilidad de obtener escrituras y contar con mayor certeza sobre su patrimonio, además de facilitar la incorporación de servicios que todavía presentan deficiencias en algunas colonias, como drenaje, agua potable, pavimentación y electrificación.
El problema también tiene una dimensión ambiental: el objetivo de la eventual modificación del polígono es atender una situación urbana ya existente sin permitir que continúe la expansión de asentamientos hacia las áreas que deben permanecer protegidas.
Las autoridades deberán definir los alcances de la desincorporación, las colonias que podrán acceder a la regularización y las medidas para impedir nuevas ocupaciones dentro del Área Natural Protegida.
