La Fiscalía General del Estado de Chiapas y el Instituto Nacional de Migración (INM) acordaron fortalecer su coordinación para revisar los antecedentes de personas migrantes que se encuentran en territorio chiapaneco.
El objetivo, de acuerdo con las autoridades, es identificar a personas extranjeras que pudieran contar con antecedentes criminales en sus países de origen, al mismo tiempo que se busca garantizar un tránsito seguro para quienes se encuentran en situación de movilidad.
El acuerdo se dio durante una reunión y recorrido en Tapachula, una de las principales ciudades de la frontera sur, donde se concentra una importante población migrante.
La coordinación entre las autoridades estatales y federales también busca combatir la presencia de integrantes de grupos delictivos que intenten aprovechar los flujos migratorios para ingresar o permanecer en Chiapas.
En los últimos meses, las autoridades han informado sobre la captura de presuntos integrantes de pandillas como Barrio 18 y la Mara Salvatrucha MS-13, algunos de ellos con antecedentes criminales en otros países.
El caso de Roberto Ismael “N”, alias Little Man, detenido en agosto y señalado como presunto líder de Barrio 18, fue mencionado entre las acciones recientes contra personas con presuntos vínculos criminales.
Las autoridades insistieron en que el acuerdo busca diferenciar entre la población migrante que transita por Chiapas y las personas que pudieran representar un riesgo por antecedentes o actividades delictivas.
Con esta estrategia, la Fiscalía y el INM buscan fortalecer los controles de seguridad en la frontera sur sin dejar de lado la atención y protección de las personas en situación de migración.
