El gobierno de Chiapas reaccionó a la publicación de la presunta “narconómina” atribuida a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, en la que aparece la Policía Estatal Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP)—una unidad de élite para el combate a la delincuencia organizada— dentro de las listas de pago, además de corporaciones municipales de San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo, así como grupos armados en municipios indígenas.
Mientras que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar informó que instruyó a la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a iniciar una investigación exhaustiva para “castigar con todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables”, el secretario de Seguridad del Pueblo, de quien depende la unidad Pakal, Óscar Aparicio Avendaño, reaccionó con indignación por la difusión de las listas y aseguró que la dependencia está abierta a cualquier revisión.
“Si existe cualquier señalamiento, que se investigue con absoluta profundidad, objetividad y apego a la ley. Esta secretaría está plenamente disponible y abierta a cualquier revisión que determinen las instancias competentes. No tenemos nada que ocultar y no encubrimos a nadie”, declaró Aparicio.
El funcionario afirmó que en la institución a su cargo “no hay encubrimiento ni privilegios; aquí hay autoridad, legalidad y compromiso”.
“Pero también lo digo con responsabilidad: no se puede ni se debe pretender desacreditar a toda una institución sin resoluciones ni pruebas concluyentes. Aquí hay mujeres y hombres que honran el uniforme y arriesgan su vida por la seguridad y la paz en Chiapas”, añadió.
A través de sus redes sociales, Ramírez Aguilar sostuvo: “No permitiremos que manchen a nuestras instituciones de seguridad, que tanto han trabajado por la seguridad y la paz en Chiapas”.
En tanto, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que la dependencia a su cargo inició una carpeta de investigación en torno a la nota publicada por El Universal.
“Les garantizo que, sin importar quién o quiénes cometan los delitos -con mayor razón si se trata de servidores públicos-, serán presentados ante la justicia bajo la política de ‘cero tolerancia y cero impunidad’, afirmó.
Por su parte, la alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, Fabiola Ricci Diestel, señaló que las puertas de su administración están abiertas para que se realice la investigación correspondiente, tanto en la policía municipal como en el ayuntamiento, “y que caiga quien tenga que caer”.
La presidenta municipal aseguró que su gobierno ha trabajado contra la delincuencia y ha participado en operativos en los que se han asegurado armas y drogas. Indicó que como resultado de estas acciones se registró la pérdida de la vida de un policía municipal, quien -dijo- demostró lealtad y valentía.
Este domingo, El Universal difundió un listado de supuestos pagos que el grupo criminal realizaba para sus operaciones en Chiapas por más de dos millones de pesos.
Entre los nombres que aparecen en el documento se encuentran: “Estatal Pakales”, con 100 mil pesos; “Secretaría S. Cristóbal”, con 50 mil pesos; “Municipio San Cristóbal”, con 50 mil pesos; “Tigre” (quien podría ser un alto mando), con 283 mil pesos; “Direc Chiapa de Corzo”, con 50 mil pesos; y “Pueblo Nuevo Bruss”, con 113 mil pesos, entre otros.
