La Iglesia católica en Chiapas y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado lo que consideran una injusticia en la condena de 110 años de prisión contra Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, dos indígenas tzeltales de Pantelhó, acusados de desaparición forzada.
Ambos fueron sentenciados el 28 de febrero, señalados por la Fiscalía General del Estado como responsables de la desaparición de 19 personas ocurrida el 26 de julio de 2021, en medio del conflicto generado por la irrupción del grupo de autodefensa “El Machete
Pedro Cortés, catequista vinculado a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, y Diego Mendoza, carpintero de la región, fueron detenidos el 21 de junio de 2022 sin orden de aprehensión, según denunció la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (CLIFODH). De acuerdo con esta organización, ambos fueron sometidos con violencia y obligados a firmar documentos cuyo contenido desconocían.
La Parroquia de la Misión de Bachajón sostiene que Cortés no se encontraba en Pantelhó el día de la desaparición, sino en Simojovel, donde hay testigos que pueden comprobarlo. En el caso de Diego Mendoza, vecinos de su comunidad aseguran que el día de los hechos permaneció en su taller de carpintería en San Luis Susic.
“Fueron sometidos con violencia, despojados de sus pertenencias y obligados a firmar documentos cuyo contenido desconocían. Además, se les negó el derecho a un intérprete, lo que vulneró su derecho a un debido proceso”, denunció la CLIFODH en un comunicado.
A pesar de estos testimonios y pruebas, la Fiscalía de Chiapas desestimó la evidencia presentada por la defensa. La CLIFODH denunció que el juicio estuvo marcado por retrasos injustificados, audiencias cerradas al público y el uso de testigos sin pruebas técnicas que vincularan a los acusados con el delito.
El caso ocurre en un contexto de violencia en Pantelhó, donde en 2021 el entonces presidente municipal, Raquel Trujillo, fue destituido por la comunidad, acusado de mantener nexos con el crimen organizado. Posteriormente, Pedro Cortés y Diego Mendoza fueron nombrados integrantes del nuevo Concejo Municipal, lo que, según la Iglesia, los habría convertido en blanco de acusaciones.
“La sentencia de 110 años de prisión es una condena desproporcionada y una injusticia flagrante. No solo se les niega su derecho a la verdad y a la justicia, sino que se manda un mensaje de miedo a quienes buscan la paz y la autonomía en sus comunidades”, advirtió la parroquia en su comunicado.
En octubre de 2024, la Fiscalía de Chiapas emitió una orden de aprehensión contra el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, quien había defendido a las comunidades indígenas y denunciado la presencia de grupos criminales en la zona. Días después, el 20 de octubre, Pérez Pérez fue asesinado en San Cristóbal de las Casas, en un crimen que no ha sido esclarecido.
“Su muerte evitó que también fuera sentenciado injustamente. Esto demuestra cómo la criminalización de indígenas y líderes comunitarios responde a intereses oscuros dentro del sistema judicial chiapaneco”, concluyó la CLIFODH.
Organizaciones como la Misión de Bachajón y la CLIFODH han solicitado la revisión del caso y la anulación de la sentencia, argumentando que los acusados fueron utilizados como chivos expiatorios.
Familiares de los sentenciados han organizado marchas y campañas para exigir su liberación, mientras que organismos nacionales e internacionales analizan el caso como un posible ejemplo de criminalización de líderes indígenas en Chiapas.
