Integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y diversas organizaciones civiles denunciaron presuntos casos de desplazamiento forzado, despojo territorial y criminalización contra comunidades indígenas de los municipios de Chilón, Ocosingo, Salto de Agua y Teopisca, en Chiapas. Los colectivos afirmaron que estas acciones vulneran los derechos de los pueblos originarios y ponen en riesgo su permanencia en sus territorios.
Durante una conferencia de prensa, los denunciantes expusieron que uno de los casos más graves ocurrió el 12 de febrero de 2026 en la comunidad de Jotolá, municipio de Chilón, donde un operativo dejó nueve familias desplazadas, viviendas destruidas y la detención de dos integrantes del movimiento, además de órdenes de aprehensión contra otros miembros de la organización.
Las organizaciones señalaron que las familias desplazadas, integradas por decenas de adultos y menores de edad, enfrentan condiciones de precariedad al haber perdido sus viviendas y fuentes de sustento. Asimismo, denunciaron que los procesos judiciales iniciados contra algunos de sus integrantes forman parte de una estrategia para inhibir la defensa del territorio y de los derechos colectivos.
Además del caso de Jotolá, el CNI denunció conflictos en otras comunidades indígenas donde, aseguran, existen intentos de despojo de tierras y espacios de trabajo, así como presiones derivadas de proyectos de infraestructura que, según los denunciantes, no fueron consultados con las comunidades conforme a los estándares de consentimiento libre, previo e informado.
Las organizaciones hicieron un llamado a los gobiernos estatal y federal para garantizar la seguridad de las comunidades afectadas, detener la criminalización de quienes defienden su territorio e investigar las denuncias de desplazamiento forzado. También solicitaron que se respeten los derechos de los pueblos indígenas y se privilegie el diálogo para resolver los conflictos sociales en la entidad.
