Colectivos, organizaciones e individuos de distintas partes de Chiapas se movilizaron el pasado 11 de octubre en San Cristóbal de Las Casas para denunciar una serie de agresiones sistemáticas contra las comunidades zapatistas, particularmente en el poblado de Belén, perteneciente al Caracol de Dolores Hidalgo, en el municipio oficial de Ocosingo.
Durante la jornada, se leyó un pronunciamiento colectivo que documenta el despojo violento, hostigamiento continuo y desplazamiento forzado de bases de apoyo zapatistas, así como de familias campesinas indígenas que colaboran con ellas. Las denuncias incluyen la quema de viviendas, destrucción de cosechas, incursiones armadas y amenazas sostenidas, en lo que fue calificado como un intento de exterminar la vida colectiva que ha sido construida por el zapatismo desde 1994.
Las organizaciones acusaron que estos hechos no son aislados, sino parte de una renovada estrategia de contrainsurgencia que no recurre únicamente a la fuerza armada, sino también al uso de la ley como herramienta de opresión. Señalan la participación directa de instituciones del Estado, incluyendo el gobierno estatal y municipal, fuerzas policiales, militares y la Fiscalía General del Estado de Chiapas, en maniobras para legitimar el despojo de tierras recuperadas por el EZLN durante el levantamiento de 1994.
Según el pronunciamiento, desde abril se han intensificado las agresiones: los accesos al territorio han sido medidos, señalizaciones territoriales destruidas y viviendas incendiadas. Las tierras de Belén, administradas colectivamente entre zapatistas y no zapatistas durante más de 25 años, estarían ahora en proceso de legalización a favor de antiguos propietarios, con el objetivo de facilitar su entrega al gran capital, especialmente al turismo extractivo y a megaproyectos impulsados por el Estado.
La denuncia también señala que, en 1996, el gobierno realizó una “indemnización” a los propietarios reconocidos legalmente, lo cual habría sido parte de una estrategia para disputar la legitimidad del territorio recuperado. Hoy, esa política se reactiva con nuevas formas: legales, judiciales y mediáticas.
Durante el acto público, los colectivos exigieron la restitución inmediata del territorio a las familias desplazadas de Belén, el retiro de las fuerzas militares y policiales del lugar, y la suspensión de toda acción institucional que facilite el despojo. También llamaron a la solidaridad nacional e internacional, denunciando que lo que ocurre en Chiapas forma parte de una guerra más amplia contra los pueblos que defienden la vida frente al avance del capital.
La proclama final estuvo cargada de fuerza simbólica: “Nuestra rabia no será silencio. Nuestra resistencia no será apagada. La vida no se rinde”, concluyeron, expresando también su apoyo a la causa palestina.
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