En Chiapas se registraron 55 eventos catalogados como atrocidades y 36 víctimas durante el año 2025, de acuerdo con el informe Atrocidades 2025, elaborado por la organización de la sociedad civil independiente Causa en Común, mediante el análisis de información publicada en medios de comunicación a nivel nacional.
El estudio documenta hechos que implican el uso intencional de violencia física para causar muerte, lesiones graves o generar impacto social. Entre las categorías consideradas se encuentran asesinatos con tortura, asesinatos de mujeres con violencia extrema, mutilación y destrucción de cadáveres, masacres, fosas clandestinas, violencia contra grupos vulnerables, trata de personas, desplazamiento forzado y ataques contra autoridades.
A nivel nacional, el informe reporta que durante 2025 se registraron al menos 4,783 atrocidades y 6,707 víctimas, cifras obtenidas a partir de 4,065 notas periodísticas revisadas. El documento señala que los datos corresponden únicamente a hechos difundidos públicamente, por lo que no representan la totalidad de los casos ocurridos en el país.
En cuanto a Chiapas, el documento destaca que en la entidad ocurrieron un total de 55 atrocidades, siendo de las entidades con menor número de eventos documentados por la organización. Los casos más documentados fueron tortura con 15 hechos, asesinatos de mujeres con crueldad extrema, con 11 eventos documentados y 5 asesinatos de niñas, niños y adolescentes.
El análisis nacional indica que, en promedio, durante el año se registraron entre 13 y 14 eventos de este tipo por día en México. Además, el informe ubica a Sinaloa, Guanajuato y Guerrero como las entidades con mayor número de registros durante el periodo analizado.
El documento explica que el número de víctimas puede ser mayor al número de eventos debido a que un solo hecho puede afectar a varias personas, mientras que en algunos casos un mismo evento puede clasificarse en más de una categoría de atrocidad.
También se señala que el recuento tiene carácter hemerográfico, por lo que puede existir diferencia entre los datos del informe y los registros oficiales de las fiscalías estatales, así como posibles variaciones derivadas de la información disponible en medios.
